El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dispuso este lunes el procesamiento de Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1.000 millones de pesos.

El magistrado también procesó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Según la resolución, “se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”.

Además, señala que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”.