En lo que ya se podría denominar como "el gran conflicto del tomate", la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) visitará pasado mañana a autoridades del Ministerio de Producción para expresar la urgente puesta en marcha de medidas para evitar la desaparición del 35% de los productores del país, concentrados en Mendoza, San Juan y La Rioja.

El director ejecutivo de CIPA, Marcelo Ceretti, expresó que el miércoles "por la tarde" tendrán un encuentro en la cartera de Producción, y que "fuimos llamados para debatir una agenda de competitividad, pero vamos a instalar nuestra gravísima situación con las enormes importaciones de tomates desde Italia y también del choclo de Brasil".

Como el sector podría perder un 35% de sus productores de tomate por las importaciones, urgirá al gobierno para que se fijen valores criterio a los ingresos al país (no existen y puede haber dumping), o sea precios mínimos de referencia; además de la elevación temporaria de los aranceles externos. "La capacidad instalada es del 60 por ciento y las importaciones de tomates enteros perita, en latas iguales o inferiores a los 2,5 kilos, crecieron cincuenta veces desde 2015 y se cuadruplicó entre 2016 y 2017".

La Dirección General de Aduanas prometió el año pasado establecer los valores criterio en dólares. "Se nos había informado que se fijaría en FOB u$s 0,78 el kilogramo", afirmó Ceretti. En tanto, la Asociación Tomate 2000 propuso mediante un comunicado "mejorar los niveles de reintegros en estos productos para mejorar los incentivos a la exportación. Sobre todo en los productos de tomate entero, pasta y salsa de tomate en sus distintas modalidades de expedición".

Asimismo, reclamaron al ministro Francisco Cabrera, al que consideran "desentendido del tema", que haya financiamiento accesible al sector productivo para acabar con la brecha entre el paquete tecnológico que se propone y lo que el productor finalmente termina aplicando.