Los estatales vuelven a las calles para rechazar despidos masivos este miércoles, en todo el país para reclamar la reincorporación de los despedidos, la apertura de paritarias y el fin de la criminalización de la protesta. ATE informó que hay 30.000 cesanteados, aunque logró la reincorporación de 8.000

 Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció en conferencia de prensa los alcances de las medidas de fuerza resueltas por la conducción nacional para este miércoles, que serán protagonizadas también por los docentes universitarios de CONADU Histórica y los profesionales de la Salud de FESPROSA.
Las organizaciones reclaman la reincorporación de los estatales despedidos, la apertura de paritarias y el fin de la criminalización de la protesta.
En La Plata marcharán a la Casa de Gobierno y en Buenos Aires harán un acto frente a la Secretaría de Comercio.
El Secretario General de ATE, Hugo Godoy, ratificó la realización de paros y movilizaciones en todo el país "para reclamarle al presidente Macri, a los gobernadores y autoridades universitarias y de Salud que cesen con los despidos y habiliten los espacios necesarios para la reincorporación de los estatales afectados".
Godoy informó que existen al menos diez mil empleados exonerados en el Estado nacional y 18 mil en provincias y municipios. Y que el sindicato logró ya la reincorporación de 8 mil.
"Le reclamamos también al Ministro de Trabajo Triaca la apertura de paritarias, frente a una crisis económica de profunda magnitud. Respaldamos las luchas salariales en provincias y municipios, donde gobernadores e intendentes aplican el mismo criterio extorsivo que Macri, negociando salarios a la baja con un tendal de despidos", indicó el Secretario General.
En este sentido, el dirigente puso como ejemplo el ofrecimiento de la Gobernadora Vidal de un 15% de aumento para los primeros seis meses y el del 24% en Entre Ríos. Denunció asimismo la reducción de haberes de jubilados en Córdoba y Tierra del Fuego.
Por último, Hugo Godoy condenó la represión a trabajadores en Santiago del Estero y Santa Cruz, como la judicialización de la protesta y la violencia de patotas sindicales en Mendoza.