La Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y otros ex funcionarios por las  irregularidades en la licitación del “Plan Qunita” para mujeres beneficiarias de la asignación por embarazo, que significó una inversión de más de $ 1.100 millones. Sin embargo, el tribunal revocó el procesamiento del ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán Juan Manzur, quien ahora cuenta con falta de mérito.

La denuncia inicial apunta a una sobrevaluación de los 149 mil kits (finalmente fueron 140 mil) comprados a varias empresas. En octubre pasado, el juez Bonadio había citado a indagatoria a varios funcionarios y a todos los empresarios involucrados, a los que luego terminó procesando.

Sobre Manzur, la Cámara destacó que "su actuación se circunscribió a la primera etapa del expediente, donde aún no se advertía el direccionamiento de la licitación a favor de las firmas en cuestión". Y que en esta etapa del proceso el precio de los kits era de $ 4500, similar al fijado por la SIGEN.primer informe.

Además de Fernández, la Cámara confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y de varios ex funcionarios de menor rango esa cartera por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Junto con los funcionarios nacionales también fueron procesados los dueños de Fasano SRL, Dromotech, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SR, Fibromad y Delta Obras y Proyectos.  Los jueces de la Sala II tambié ratificaron los embargos sobre sus bienes.

El “Plan Qunita” se instrumentó a través de la licitación 04/2015, que terminaron ganando seis empresas. Las dudas surgieron a partir de los antecedentes de las firmas. La más beneficiada fue Fasano SRL, que accedió a un multimillonario contrato de $ 903 millones.

La legisladora opositora Graciela Ocaña, denunciante en el caso, dijo que Fasano no tenía antecedentes en el rubro y también habló de sobreprecios porque cada kit se pagó casi 8000 mil pesos y su costo de mercado sería menos de la mitad. Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) estableció un precio de referencia que apenas superaba los 6.600 pesos. Pese a eso, el ministerio de Salud siguió adelante con la licitación.

Pese a ratificar en gran parte  la investigación de Bonadio, la Cámara le ordenó al juez que escuche a los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación que intervinieron en la licitación.