En las vísperas de otra sesión maratónica en la Cámara de Diputados, el oficialismo se muestra tranquilo. Confía en que hoy reunirá una mayoría abrumadora de votos en el recinto para darle media sanción al megaproyecto de ley que prevé un amplio blanqueo de capitales y el pago de la deuda del Estado con los jubilados por haberes mal ajustados. Nadie se atreve a pronosticarlo de forma taxativa, pero se espera un piso de no menos de 160 votos positivos.

En efecto, luego de que el oficialismo aceptó modificar varios artículos del texto, los principales bloques de la oposición anticiparon su voto a favor en general. El epicentro del acuerdo lo conformaron el interbloque Cambiemos junto al Frente Renovador, de Sergio Massa , y el Bloque Justicialista, con el ex jefe de la Anses Diego Bossio como vocero. Después se sumaron el Frente Amplio Progresista (FAP), aunque anticipó su rechazo al capítulo referido al blanqueo, y los bloques Juntos por Argentina, de Darìo Giustozzi , y Compromiso Federal, que responden a los Rodríguez Saá.

Los que anticiparon su voto negativo son los bloques de izquierda. Y, al cierre de esta edición, también el Frente para la Victoria (FPV), en el que tras una larga reunión de bloque finalmente se impuso la línea dura. Respecto del proyecto de ley que se debatirá hoy, los diputados kirchneristas de paladar negro se inclinaban desde un primer momento por votar en contra. Sin embargo, el peronismo más moderado pugnaba por votarlo a favor en general y rechazar algunos artículos en particular.

El proyecto que se debatirá hoy contiene dos grandes ejes. El primero propone pagar las deudas del Estado con los jubilados cuyos haberes han sido mal ajustados, tengan o no sentencia firme de la Justicia. Este stock de juicios ganados le insumirá al Estado unos 50.000 millones de pesos. A esto deben sumarse otros 75.000 millones de flujo para pagar los haberes actualizados de acuerdo con los criterios que fijó la Corte Suprema en sus fallos. El proyecto establece que, para financiar ese gasto, se apelará al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y las utilidades que éste genera. Al mismo tiempo, se habilita al Gobierno a vender acciones que la Anses tiene en empresas privadas, aunque la oposición impuso restricciones para evitar la privatización del sistema.

Agencias