"Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia" presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.

La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.

Lula "sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras", afirma el texto de Moro, citando a la fiscalía.

La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula "parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras". Los sobornos se transfirieron "mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá", en el litoral paulista. 

La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras seis personas.

Lula siempre negó terminantemente ser el propietario de ese tríplex.

Ahora, Lula quedará por primera vez cara a cara con Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba (sur), admirador del caso "Mani Pulite" en Italia.

Sus investigaciones en el marco de la operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre el escándalo Petrobras pusieron en la mira a decenas de parlamentarios y enviaron a prisión a políticos y empresarios de la élite local.

Lula, de 70 años, fue procesado por el juez Ricardo Leite por obstruir la Operación Lava Jato y está en el foco de la Fiscalía, quien también lo acusa de ser el "comandante máximo" del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal, aunque esta última denuncia no dio lugar hasta el momento a ningún pedido formal de inculpación.

Aun así, el caso volvió a sacudir al país, dos semanas después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula, por maquillaje de las cuentas públicas.

EFE