A 36 años de la guerra de Malvinas, la Justicia dio a conocer los nombres de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que serán indagados en Tierra del Fuego bajo la acusación de haber torturado a soldados durante el conflicto bélico.

Se trata de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, los citó en función de "cuantiosos elementos probatorios" que "permiten sospechar la comisión de delitos", según puede leerse en la resolución judicial.

La causa Nº 1777/07, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública", surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerrade 1982.

La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que se convirtió en parte querellante.

Soldados argentinos, tras la rendición. (AFP)

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) solicitó en mayo de este año la "detención e indagatoria" de 26 militares.

El juez Calvete, quien actúa como juez subrogante de la causa, solo hizo lugar a 18 declaraciones, y en lugar de las detenciones dispuso que se notifique personalmente a cada uno de los imputados en sus respectivos domicilios, antes de establecer la fecha en que deberán presentarse en Tierra del Fuego.

El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción.